El Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), publicó un análisis que asegura que la problemática del financiamiento de partidos políticos tanto en la mayoría de los países de la región como en República Dominicana, no está en una falta de legislación, sino en la falta de mecanismos de control público, político y jurídico.
El informe “El financiamiento de partidos políticos y campañas electorales en República Dominicana: problemática y solución”, de la autoría de Vladimir Rozón García, Coordinador Unidad de Partidos Políticos (UPP) del OPD, explica que las causas directas del desbordamiento de la actividad política, a partir del cual el dinero se ha convertido en su actor principal, son: las campañas políticas débilmente reguladas, la falta de límites a los gastos electorales y de una fiscalización permanente; la ausencia de una verdadera garantía, tanto de la transparencia como de la divulgación de la información financiera de los partidos, y la carencia de mecanismos de contrapeso como por ejemplo organismos ciudadanos destinados a participar activamente en la supervisión y control del funcionamiento de las agrupaciones políticas.
Propuestas del estudio
De acuerdo con la investigación, la acción primera para enfrentar esta problemática es la voluntad política de todos los actores que intervienen en este proceso. Seguida de medidas que han sido replicadas con éxito en otros países de Latinoamérica y a lo que República Dominicana debe aspirar incluir en su legislación.
Las soluciones que propone el documento son: reducir la campaña electoral y los gastos electorales; impulsar otros métodos de recaudación de fondos; crear o fortalecer los órganos de control y de supervisión de las fuentes de financiamiento de los partidos; crear mecanismos de contrapeso; transparentar el financiamiento privado y fortalecer los mecanismos de control del financiamiento público.
Reducir la campaña e impulsar otros métodos de recaudación de fondos
“Acortar la duración de la campaña y establecer mecanismos de cumplimiento de la propia norma, mediante el otorgamiento de facultades a la Junta Central Electoral (JCE) para supervisar y sancionar de manera drástica a quienes violen dicha disposición, y recortar los gastos electorales a través de una reducción de los costos de campaña, como son la publicidad pautada en los medios de comunicación, los anuncios en vallas, carteles y volantes, los mítines y concentraciones políticas y, ante todo, la compra de votos”, indica el investigador.
El estudio enfatiza que la segunda medida es que los partidos estén obligados a crear actividades de fomento y promoción para la cooperación política entre sus seguidores, empezando por solicitarle el aporte de cuotas mínimas o bien contribuciones en la medida de sus posibilidades, siempre que el proceso sea transparente y dichas donaciones sean de conocimiento público y de posible verificación por la JCE. De tal modo que los partidos puedan contar con una vía de ingresos alterna y de fácil escrutinio.
Control y supervisión
El tercer mecanismo que se resalta en el informe es crear o fortalecer los órganos de control y de supervisión de las fuentes de financiamiento y de las cuentas de los partidos a través de “auditorías sorpresas” y la política “ojos en todos lados” ya que los organismos electorales deben establecerse como responsables naturales de la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas. Pero de igual manera, se hace necesaria la participación e inclusión del actor civil.
“La JCE debería realizar 'auditorías sorpresa', como contraparte a una evaluación permanente de los movimientos de dinero en las agrupaciones políticas. En Costa Rica, por ejemplo, para las elecciones de 1994 la Contraloría General de la República realizó estudios aleatorios sobre sus registros contables en las oficinas administrativas de los partidos mayoritarios, antes de la finalización de la campaña y en consecuencia se redujeron importantes anomalías. Otro método es instaurar la política “eyes everywhere” (ojos en todos lados) donde se permite una alianza con personas de distintos sectores (empresarial, civil, comercial, etc.) y se capacitan para interactuar con los partidos y a la vez supervisar el accionar de estos, analizando especialmente el expendio de los fondos. La alianza debe darse entre un ente no político y una institución oficial como la JCE, la Procuraduría General de la República o bien la Contraloría General de la República”, advierte el coordinador de la Unidad de Partidos Políticos.
Crear mecanismos y entes de contrapeso
El autor añade que una de las causas más importantes del problema del financiamiento de partidos en el caso dominicano es la falta de un mecanismo o ente de contrapeso.
“En República Dominicana, lo recomendable sería crear o fortalecer un determinado organismo ciudadano, el cual lleve un seguimiento constante y una divulgación de su investigación de forma veraz y objetiva, convirtiéndose en una institución especializada y comprometida con el bienestar social y el buen uso de los recursos del Estado. Entre las estrategias de esta entidad podría estar la creación de un Índice de Transparencia (como en otros países de la región), el cual sería de fácil construcción por demás, ya que se alimentaría de la información publicada por los partidos y/o entregada a la JCE, pudiendo determinarse fácilmente quiénes son más y menos transparentes y haciéndolo de conocimiento público, de forma tal que la ciudadanía tenga un mayor grado de información a la hora de decidir su voto”, afirmó.
Transparentar el financiamiento privado y controlar el público
Para hacer transparente el financiamiento privado la investigación sugiere tres acciones, en primer lugar elaborar una lista o registro de contribuyentes para evitar que empresas 'fantasmas' y negocios ilícitos continúen incidiendo en la actividad política; implementar medidas de seguimiento y control en cuanto a las donaciones en tiempo no electoral, y por último, mejorar los sistemas de transparencia respecto de las contribuciones estableciéndose obligaciones de publicidad e incrementar las sanciones y la vinculación co-solidaria entre los candidatos y los contribuyentes”.
En el caso de crear y fortalecer los mecanismos de control del financiamiento público, el análisis recomienda que como sexta medida esté la sanción, es decir, ante la falta de rendición de cuentas, declaraciones juradas o no presentación de informes requeridos por la ley, los partidos deben perder el derecho a la recepción de los fondos estatales.
“Orientar y hacer cumplir las sanciones a que todo candidato miembro de un partido que no haya realizado dicha declaración en los tiempos previstos por la ley, provocará que su partido no perciba los fondos destinados al financiamiento permanente, hasta tanto cumpla con sus obligaciones. Consideramos que esta falta personal con capacidad de afectar al ente grupal, puede implicar un mayor compromiso”, concluye el documento del OPD-Funglode.
Santo Domingo, Rep. Dom.